En un reciente análisis realizado sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra, un equipo de expertos ha llegado a la conclusión de que 79 de los 174 activos estudiados podrían ser reclamados como propiedades comunales o públicas. Este hallazgo ha generado un relevante debate en la comunidad, donde se refleja un creciente interés por la recuperación de los patrimonios que han pasado a manos eclesiásticas.

La presentación de estos resultados tuvo lugar el miércoles, donde José Mari Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, acompañado por Xabier Alcuaz, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), dirigieron la información a una concurrida audiencia de representantes locales y miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

En un esfuerzo por asegurar que se investiguen adecuadamente los bienes comunales inmatriculados bajo el amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, el Gobierno de Navarra y la FNMC han acordado extender hasta 2026 su convenio de colaboración. Este acuerdo se enmarca dentro de la intención de documentar el origen público de estos bienes en previsión de una posible reclamación para su restitución.

Durante el último año, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente junto con la FNMC ha llevado a cabo una exhaustiva investigación en la que se han analizado 174 activos provenientes de 26 entidades locales. De estos, se han identificado 79 propiedades específicas, que varían desde ermitas hasta terrenos agrícolas, las cuales podrían justificar la reclamación de su condición comunal o pública.

La revisión histórica de estos bienes ha revelado que en 21 casos se han encontrado pruebas que respaldarían su titularidad pública. Mientras tanto, otros 58 presentan indicios que, aunque no definitivos, sugieren su origen comunal, lo que abre la puerta a un discurso sobre la necesidad de reivindicar estos espacios.

Aierdi enfatizó la importancia de esta iniciativa, que surge tras más de dos décadas de demandas sobre ciertos bienes inmatriculados por la Iglesia. Aseguró que este proyecto representa un primer paso político claro de parte de un gobierno autonómico, apuntando hacia una acción administrativa que busca corregir las injusticias acumuladas en el tiempo respecto a la pérdida de estos bienes por parte de las comunidades.

El consejero también manifestó que la intención es actuar sin dilaciones, planteando la posibilidad de presentar una demanda a corto plazo, independientemente de los avances aún pendientes bajo el convenio. Defendió la urgencia de manifestar una postura decidida por parte de las entidades locales en esta cuestión.

Alcuaz, por su parte, informó sobre la preocupación y las inquietudes que han manifestado muchos ayuntamientos sobre la propiedad de ermitas, bordas y otros terrenos que históricamente consideraron de dominio público, pero que figuran a nombre de la Iglesia. Esta necesidad de claridad y defensa del patrimonio comunal ha llevado a la realización de esta investigación fundamentada.

El trabajo inicial apenas ha comenzado, con la esperanza de que la colaboración entre el Gobierno, la Federación y las entidades locales se fortalezcan en el futuro. Alcuaz reiteró que su equipo va a seguir comprometido con la defensa del patrimonio público y comunal, asegurando que están manejando la situación con seriedad y respeto a la legalidad vigente.

Dado que la gestión y conservación de estos bienes recae en el ámbito municipal, este año se ha fomentado que un total de 139 localidades se adhieran al convenio para la investigación. Como resultado, cada entidad local recibirá un informe detallado que refleje las conclusiones de la investigación sobre sus respectivos bienes, facilitando así la toma de decisiones futuras.

Las localidades que aún no se han unido al convenio tienen la oportunidad de hacerlo, lo que permitiría a los ayuntamientos emprender acciones legales para recuperar aquellos bienes que logren demostrar como de titularidad comunal o pública. Alternativamente, podrían delegar esta gestión al Gobierno de Navarra.

El convenio, que cuenta con una subvención de 50,000 euros del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, continuará en la misma línea en los presupuestos del 2026, con el objetivo de realizar una investigación profunda sobre los bienes inmatriculados en las entidades locales inscritas.

En comparación con estudios anteriores, donde se identificaron más de 2,900 notas simples inscritas a favor de la Iglesia, este convenio ha demostrado su eficacia al permitir identificar y estudiar 174 bienes en 26 localidades, aunque muchos de ellos han sido descartados por no ajustarse a un uso público.