PAMPLONA, 22 de noviembre. En un contexto complicado para las personas sin hogar en Navarra, organizaciones sociales han expresado este viernes su preocupación sobre la escasez de plazas ofrecidas por el Ayuntamiento de Pamplona. Estas entidades han instado al Gobierno Foral a tomar cartas en el asunto y asegurarse de que se utilicen todos los recursos disponibles para proveer alojamiento y alimentación a quienes se encuentran en situación de calle de manera urgente.

Beatriz Villahizán, portavoz de diversos colectivos como París 365, Haritu y Oxfam Intermon, entre otros, ha hecho hincapié en esta problemática durante una conferencia de prensa. En un comunicado, resaltó que “decenas de personas este año vuelven a verse obligadas a vivir y dormir en la calle, en plena ola de frío, en condiciones inhumanas”. En su análisis, subrayó que las 165 plazas de alojamiento que ofrece el Ayuntamiento son vulnerables en cuanto a su capacidad de acoger a todas las personas que lo necesitan, citando un ejemplo concreto: el 13 de noviembre, 51 personas tuvieron que quedarse fuera del albergue de Trinitarios debido a la falta de espacio.

Villahizán no ocultó su indignación ante esta situación, resaltando que es inaceptable que, un año más, muchas personas continúen sin alternativas de alojamiento en invierno. También señaló que las normas de acceso a los recursos son redactadas a conveniencia de la Administración, excluyendo a quienes no pueden demostrar un año de residencia en la zona. “Es fundamental superar estos obstáculos y garantizar los derechos básicos a todas las personas, sin excepción alguna”, afirmó, aludiendo a la importancia de reconocer a todos los individuos como sujetos de derechos.

La portavoz argumentó que el aumento de personas en situación de calle debería ser una llamada de atención sobre la obligación del Gobierno de Navarra de garantizar el alojamiento de toda la población, especialmente en épocas de frío extremo. “El Gobierno debe ser el garante último de que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas”, enfatizó, recordando que esto ha sido reiterado por el propio Defensor del Pueblo.

Además, criticó al Gobierno por su presunta falta de acción en la protección de los derechos humanos de las personas sin hogar, sugiriendo que se está abandonando a estas personas a su suerte. Villahizán también instó a todos los Ayuntamientos a atender adecuadamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, resaltando la importancia de facilitar el empadronamiento para garantizar el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación.

La activista subrayó que es imperativo que se brinde la atención necesaria a quienes se encuentran en situaciones precarias, sin imponer requisitos que obstaculicen el acceso a recursos fundamentales. “El Gobierno debe emplear todos los medios posibles para afrontar esta crisis”, insistió, asegurando que existen normativas que protegen estos derechos y que cualquier traba burocrática sería una inaceptable discriminación que contraviene el principio de igualdad.

En su conclusión, Villahizán destacó la responsabilidad del Gobierno de Navarra de actuar proactivamente para mitigar la situación actual, así como crear políticas que prevengan futuros problemas. “No podemos tolerar que tanto el Gobierno como los Ayuntamientos continúen desentendiéndose de esta realidad. La respuesta a la ola de frío no puede ser simplemente un protocolo que no cumple con las recomendaciones del Defensor”, subrayó con firmeza.

Entre las medidas que Villahizán ha propuesto, se encuentra la creación de un programa integral que abarque todo el territorio y asegure los mínimos derechos de todas las personas, sin exclusiones. También exigió al Ayuntamiento de Pamplona que se comprometa a proporcionar asistencia a aquellas personas sin hogar, independientemente de su tiempo de residencia en la ciudad.

Reconociendo que el problema va más allá de la ola de frío, la portavoz hizo hincapié en que no se puede mirar hacia otro lado ante la ineficacia del Gobierno de Navarra en garantizar, siquiera, los derechos más básicos de las personas que viven en la calle. “Nuestro indignación al ver a tantas personas en situaciones tan lamentables es completamente justificada”, afirmó.

Por último, hizo un llamado urgente a la atención de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, recordando que hace un mes se realizaron comunicaciones y reclamaciones que aún esperan respuesta. “Estamos a la espera de ser convocados a una reunión”, finalizó Villahizán.

Al ser cuestionada sobre la cantidad de plazas que serían necesarias para abordar esta crisis, comentó que “estamos hablando de decenas, pero este número es indefinido y debería ser la propia administración la que determine cuántas personas están en situación de exclusión del sistema de protección”. Villahizán insistió que estos datos deben ser proporcionados por la administración, enfatizando la responsabilidad que tienen en este asunto.