En Pamplona, el 5 de septiembre, se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual de las víctimas de actos de motivación política en Navarra. Esta evaluación surge de la iniciativa 'Egiaren garaida da. Memoria inclusiva para Nafarroa', impulsada por la fundación Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas en Nafarroa. En sus declaraciones, han reconocido los avances en el reconocimiento de las víctimas, aunque también han subrayado que aún hay un largo camino por delante.

Los representantes de estos colectivos han destacado la relevante intervención de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Parlamento foral. En su comparecencia, la presidenta mencionó la ley foral 16/2019, la cual se dedica al reconocimiento y reparación de las víctimas de acciones políticas cometidas tanto por grupos extremistas como por funcionarios públicos. Este gesto ha sido valorado positivamente por los colectivos, quienes consideran importante el respaldo a la labor de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas y los reconocimientos que ha otorgado hasta ahora.

A pesar de estos avances, los defensores de los derechos de las víctimas han manifestado que persiste un desafío significativo. Han recordado que en Navarra y en toda Euskal Herria, muchas víctimas del Estado todavía padecen el silencio y la negación respecto a las violaciones de derechos humanos sufridas durante el franquismo y en el período constitucional posterior hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI. Aunque se comienza a romper este silencio gracias a la ley 16/2019, aún son cientos quienes claman por verdad, justicia y reparación.

Los grupos han resaltado que los reconocimientos ya en marcha están contribuyendo al proceso de sanación de traumas que han perdurado durante demasiado tiempo. Sin embargo, han criticado algunas declaraciones realizadas en el parlamento que pueden re-victimizar a aquellos que ya han sufrido, tanto a quienes han sido oficialmente reconocidos como a los que todavía aguardan ese reconocimiento. Por ello, han hecho un llamado para que se fomente un entorno de respeto y colaboración, evitando así generar polémicas que puedan perjudicar a las víctimas.

Finalmente, estos colectivos han reiterado su compromiso de continuar trabajando hacia la creación de una convivencia democrática que incluya a todos. Insisten en que se necesita un esfuerzo conjunto para elaborar una memoria inclusiva que abarque todos los eventos de violencia motivada políticamente, sin dejar ningún detalle sin abordar. Asimismo, han solicitado que se provea a la Comisión de los recursos necesarios para acelerar el reconocimiento de aquellas víctimas que han esperado por demasiado tiempo, evitando la prolongación inútil del sufrimiento.