La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de reducir la pena de prisión de uno de los condenados por 'La Manada' por la violación grupal en los Sanfermines de 2016. El TSJN decidió rebajar la condena de 15 a 14 años al aplicar la polémica "ley del solo sí es sí".
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, la Fiscalía de Navarra ha anunciado el recurso, aunque será el TS quien tenga la última palabra. Todo indica que el recurso se formalizará.
El TSJN explicó que reducía la pena porque el propio Tribunal Supremo indicó en su sentencia que imponía una condena de 15 años, "próxima" al mínimo legal que la nueva ley disminuyó significativamente. Detalló que la nueva ley reduce la pena mínima en 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años.
"En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia", argumentó el TSJN.
Sin embargo, la rebaja se acordó con el voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez, que aboga por mantener la condena inicial impuesta por el Supremo. La Audiencia Provincial ya rechazó en febrero pasado la revisión solicitada por la defensa del condenado, que pedía reducir la condena de 15 a 13 años y 9 meses.
La abogada Teresa Hermida, representante de la víctima de 'La Manada', también anunció que recurrirá la rebaja de pena. Además, contó que la joven se encuentra "intranquila", "disgustada" y "apenada" tras conocer la resolución del TSJN.
En junio pasado, el Tribunal Supremo estableció los criterios sobre las revisiones de condenas firmes aplicadas debido a la "ley del solo sí es sí" y respaldó las reducciones de pena al rechazar la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que recoge la tesis del Ministerio Público.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instruyó a los miembros del Ministerio Público para que abogaran por mantener la pena original cuando fuera posible conservarla dentro del nuevo marco penal.