Exgerente de Nasuvinsa atribuye la falta de actas en adjudicaciones a un problema de custodia y evolución en la gestión pública
El exgerente de Nasuvinsa, Alberto Bayona, ha explicado que la ausencia de actas en las reuniones de las mesas de contratación que aprobaron la adjudicación de promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripagaña se debe a un "problema de custodia" y al paso del tiempo. En concreto, se refiere a dos adjudicaciones realizadas hace aproximadamente siete años, en las que no constan registros oficiales de las reuniones ni de las decisiones adoptadas, según ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.
Este asunto se sitúa en el contexto de una investigación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que ha señalado irregularidades en los procesos de adjudicación de varias promociones de VPO, incluyendo la falta de actas y de documentación formal en las mesas de contratación. La situación ha puesto en duda la transparencia y legalidad de estos procedimientos, en un momento en que las instituciones públicas navarras intentan reforzar la supervisión de la gestión y evitar posibles prácticas irregulares.
Desde el ámbito político, la polémica ha evidenciado la falta de registros claros en algunos procesos de contratación pública durante la etapa en que Bayona fue gerente de Nasuvinsa, en un contexto en que las instituciones públicas de Navarra han sido objeto de escrutinio por posibles irregularidades y la influencia de intereses políticos. La gestión de estos procesos, en particular la ausencia de actas y la estructura de las mesas, refleja problemas en la documentación y la supervisión administrativa en el pasado reciente.
Alberto Bayona también ha señalado que, en su etapa, las mesas de contratación no siempre contaban con un presidente formal, una práctica que, según afirmó, era común en varias empresas públicas navarras entre 2018 y 2021, y que fue posteriormente corregida por la legislación. La falta de documentación y la estructura de los órganos de decisión reflejan una gestión que, en algunos casos, no cumplía con los requisitos legales y administrativos vigentes actualmente.
En cuanto a las implicaciones legales y éticas, Bayona reconoció que la ausencia de actas constituye una irregularidad objetiva, pero defendió que las decisiones adoptadas en su momento se ajustaban a los criterios legales y administrativos de la época. Además, abordó su relación con la empresa Servinabar, asegurando que no existió vínculo contractual ni de prestación de servicios, aunque admitió haber realizado análisis de parcelas en interés propio, en un contexto de búsqueda de futuros proyectos.
En un panorama más amplio, estos hechos reflejan los desafíos que afronta Navarra en la consolidación de una gestión pública transparente y rigurosa, especialmente en un entorno político marcado por debates sobre la corrupción, la influencia política en la administración y la necesidad de reforzar los controles internos. La investigación en curso busca esclarecer si estas irregularidades responden a prácticas aisladas o si revelan una problemática estructural en la gestión de los recursos públicos en la comunidad.