Exdirectora de Recursos Educativos defiende la transparencia en la adjudicación del colegio de Arbizu

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz, ha declarado ante la comisión de investigación parlamentaria que la puntuación técnica en la adjudicación de las obras del colegio público de Arbizu en 2018 se realizó de manera correcta y exhaustiva, defendiendo la legalidad del proceso. La obra, adjudicada a la UTE Acciona-Alegure por un importe cercano a los 2 millones de euros, generó controversia debido a informes que señalaban que la decisión final se basó únicamente en el precio.

El contexto político en Navarra en estos años ha estado marcado por un incremento de la fiscalización sobre la gestión pública y la transparencia en la contratación pública, en medio de debates sobre posibles irregularidades en distintas áreas. La oposición ha cuestionado la gestión del anterior Gobierno, especialmente en contratos relacionados con obras públicas y servicios, en un momento de mayor control por parte de las instituciones.

Nekane Oroz ha subrayado que los informes técnicos que avalan la puntuación en la licitación fueron elaborados por profesionales cualificados y firmados por responsables del departamento, asegurando un proceso basado en criterios objetivos y transparentes. La exdirectora también explicó que la urgencia para construir el colegio en un plazo reducido fue un factor que influyó en la elección de la UTE, que garantizaba finalizar en ocho meses.

En cuanto a la ampliación del plazo de ejecución, Oroz explicó que se concedieron dos meses adicionales debido a problemas técnicos surgidos en la obra relacionados con la red de pluviales, lo que fue informado y aprobado sin un incremento en el presupuesto inicial. La decisión fue defendida en su momento por la dirección facultativa y el departamento, y posteriormente, en 2019, el nuevo Gobierno aceptó una partida adicional de 85.000 euros, decisión que Oroz no valoró públicamente.

Desde una perspectiva política más amplia, estas declaraciones se producen en un contexto en el que las instituciones navarras han intensificado la auditoría y el control sobre contratos públicos, en respuesta a las críticas por posibles irregularidades en gestiones anteriores. La transparencia y la correcta gestión de fondos públicos permanecen en el centro del debate político en Navarra, con un énfasis en reforzar los mecanismos de supervisión y responsabilidad.

En el marco del proceso, la atención se centra en garantizar la confianza pública en los procedimientos administrativos y en la gestión de recursos, especialmente en proyectos de infraestructura escolar que afectan directamente a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general. La investigación busca esclarecer posibles desviaciones y fortalecer la transparencia en futuras adjudicaciones públicas en la región.