El candidato Javier Esparza, representante de UPN, presentó su propuesta para construir 6.000 viviendas protegidas, y recuperar incentivos fiscales para arrendadores de viviendas. Esparza aseguró que "acceder a una vivienda a precio asequible se ha demostrado misión imposible con Chivite y EH Bildu para muchas personas y familias, de manera especial para los jóvenes, que hoy en día no pueden independizarse y emprender su propio proyecto de vida".

El porcentaje de la población entre 16 y 29 años que vive de manera independiente ha descendido del 21,4% al 16,6%. Desde que UPN dejó el gobierno en 2015, la situación ha empeorado alcanzando a 15.765 unidades familiares en espera de vivienda protegida en 2022, en comparación con las 4.778 unidades familiares que esperaban durante el gobierno anterior.

El candidato Esparza indicó que esta "es la legislatura en la que menos viviendas protegidas se han calificado de los últimos 20 años", sólo se han calificado como viviendas protegidas 193 viviendas desde la llegada de Chivite. Se han paralizado proyectos con capacidad de generar 10.000 viviendas protegidas y se ha elaborado normativa que ha disminuido la oferta de alquiler y elevado los precios.

Como propuesta para revertir esta situación, Esparza ha anunciado que "UPN incrementará la oferta y diversificará la demanda de vivienda para satisfacer las necesidades de los demandantes. El candidato destacó que su partido promoverá la oferta de vivienda protegida, libre, venta y alquiler, y además construirán 6.000 viviendas protegidas en la próxima legislatura. Esparza abogó por incentivar en el plano fiscal a los arrendadores tanto si entregan su vivienda al gobierno como si la alquilan entre particulares, recuperando la reducción del 40% de los rendimientos netos del arrendamiento de la propiedad. Asimismo se aumentará la deducción por alquiler de vivienda para jóvenes y para las familias numerosas.

Finalmente, el candidato señaló que abandonarán las políticas de intervención de precios en el mercado de alquiler, ya que han demostrado ser contrarias a la finalidad de incrementar la vivienda asequible, y promueven que la oferta se retraiga.