La Asociación Navarra de Empresarios de Salones de Juego (ANESAR) ha alzado la voz en un contexto de creciente preocupación por un decreto foral del Juego que podría desencadenar la inmediata pérdida de empleo en el sector. Este jueves, su secretario general, Juan Lacarra, hizo hincapié en la disposición de la organización para colaborar y contribuir a la mejora de la normativa que, según él, presenta serias inconsistencias y falta de justificación adecuada.

Lacarra destacó ante el Parlamento que la actitud proactiva de ANESAR siempre ha estado orientada hacia el diálogo y la cooperación. En una sesión de trabajo solicitada por el Partido Popular de Navarra (PPN), subrayó la importancia de incluir a los empresarios en la búsqueda de soluciones, afirmando que su objetivo no es solo criticar, sino también participar activamente en el proceso de revisión del proyecto.

El secretario general de ANESAR subrayó que hay "dudas persistentes" que han emergido no solo entre los diferentes grupos parlamentarios, sino también en el seno del propio Gobierno de Navarra. Estas inquietudes han sido corroboradas por los servicios jurídicos del departamento y el Consejo de Navarra, que han señalado la falta de claridad en la justificación de medidas como la reducción de horarios de cierre.

Uno de los aspectos más debatidos ha sido el argumento del Gobierno foral sobre la justificación de la reducción horaria, diciendo que responde a cuestiones de "orden público". Según Lacarra, esta lógica es cuestionable y podría resultar en la pérdida de numerosos empleos, pues "tres horas menos de operación siempre significarán menos ingresos y menos empleo".

El propio Consejo de Navarra ha emitido un informe que apoya la posición de ANESAR, resaltando las dudas sobre la necesidad y proporcionalidad de las medidas propuestas. Lacarra cuestionó con seriedad la validez de los datos utilizados por el Gobierno para sustentar sus decisiones, sugiriendo que la correlación entre el cierre de salones de juego y el orden público no está claramente establecida.

Si bien ANESAR no desea generar confrontaciones entre los distintos subsectores del juego, Lacarra enfatizó la necesidad de mantener una competencia justa. Citó específicamente al bingo como un competidor directo, sugiriendo que las decisiones que favorezcan a un sector a expensas de otro no contribuirán al bienestar general del sector del juego en Navarra.

Ante la falta de respuestas del Gobierno de Navarra, que han solicitado desde finales de noviembre, Lacarra afirmó que la comunicación es esencial para avanzar. La interacción entre el sector y el Gobierno es crucial para el desarrollo de políticas que realmente tomen en cuenta la realidad del mercado.

En el ámbito parlamentario, las críticas hacia el decreto no se hicieron esperar. Irene Royo, del PPN, catalogó la normativa como “claramente mejorable”, señalando que los problemas existentes no solo se mantienen, sino que podrían aumentar con la aplicación del nuevo decreto. Su llamado a mejorar la legislación a través de un diálogo inclusivo refleja la necesidad de una revisión profunda.

Del mismo modo, Marta Álvarez de UPN, se unió a las críticas, indicando que aunque el decreto es necesario, su concepción presenta “carencias significativas”, principalmente en lo que respecta a los horarios. La falta de receptividad del Gobierno ante las preocupaciones del sector fue considerada alarmante.

Por su parte, Inma Jurío del PSN justificó la necesidad del decreto en términos de salud pública, refiriéndose a los potenciales riesgos de la ludopatía, lo que evidencia otra arista del debate entre la regulación y el interés económico de los empresarios.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz expresó que las dudas existentes se han incrementado con el informe del Consejo de Navarra, sugiriendo que los motivos de "orden público" planteados por el Ejecutivo carecen de una base sólida. Esta percepción crítica fue compartida por otros parlamentarios que instaban a una evaluación más rigurosa de las decisiones a tomar.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, enfatizó que el Departamento está tomando nota de las observaciones del Consejo y que se espera que se considere una modificación del decreto que se ajuste a las necesidades del sector. El consenso sobre la urgencia de mejorar la legislación refleja la preocupación generalizada por las implicaciones de este decreto.

Finalmente, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin abogó por un análisis conjunto que permita la mejora del decreto, reconociendo la necesidad de desarrollo y ajustes en aquellas áreas que suscitan controversia. Esta apertura al diálogo es un primer paso hacia la resolución de las tensiones entre el sector empresarial y el Gobierno.

Desde Vox, Emilio Jiménez criticó la falta de diálogo y transparencia del Gobierno en el proceso de elaboración del decreto. La exigencia de una paralización de la tramitación del decreto reafirma la postura de numerosos sectores en contra de unas decisiones que consideran apresuradas y poco fundamentadas.