El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tomado la decisión de suspender temporalmente la extinción del concierto educativo del colegio Irabia-Izaga. Esta medida fue tomada por el departamento de Educación del Gobierno foral debido a que el colegio mantenía la educación diferenciada.

Al igual que ocurrió la semana pasada con el colegio Miravalles-El Redín, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN ha establecido que los recurrentes deben depositar un aval bancario que garantice una cantidad equivalente a la ayuda pública que se otorgaba mediante el concierto educativo.

El departamento de Educación ha anunciado que presentarán un recurso contra la suspensión cautelar dictada respecto al centro Miravalles-El Redín.

En el auto notificado, el Tribunal considera que la extinción del concierto tiene consecuencias muy relevantes y difíciles de revertir, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Además, afirman que estas consecuencias afectan a un ámbito educativo de especial relevancia y a estudiantes menores de edad, lo cual hace que los daños sean difíciles de reparar.

El Gobierno de Navarra anunció en enero la resolución mediante la cual se extinguía los conciertos educativos del colegio Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga.

El consejero de Educación desestimó en marzo el recurso de alzada interpuesto por el colegio Irabia-Izaga, lo cual llevó al colegio a recurrir ante el TSJN.

Los magistrados analizarán en los próximos meses sobre la extinción de los conciertos educativos en ambos centros y tomarán una decisión sobre el fondo de la cuestión.

El Tribunal considera que la ejecución del acto recurrido podría hacer perder su finalidad legítima al recurso.

El Gobierno de Navarra argumentó que el acto tiene un contenido estrictamente económico y, por lo tanto, no causaría daños difíciles de reparar. Sin embargo, el Tribunal sostiene que los efectos de la extinción del concierto se proyectan más allá de lo económico, afectando principalmente al ámbito educativo y a los estudiantes menores de edad.

Para la Sala, las adaptaciones al nuevo modelo sin financiación pública podrían frustrar la finalidad legítima del recurso. Los magistrados concluyen que la ejecución del acto administrativo implicaría adaptarse a un nuevo modelo educativo, reconfigurar la composición y organización de los centros y, en algunos casos, reubicar a los alumnos en otros centros concertados o públicos.