Crónica Navarra.

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El TSJN respalda la suspensión del fin del acuerdo educativo para Bachillerato en Miravalles-El Redín

El TSJN respalda la suspensión del fin del acuerdo educativo para Bachillerato en Miravalles-El Redín

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado su decisión de suspender cautelarmente la resolución del Gobierno foral que extinguió el concierto educativo de Bachillerato al colegio Miravalles-El Redín.

Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, esta medida está fundamentada en una ponderación de los intereses públicos y privados concurrentes que garantiza los intereses cautelares de los demandantes y los intereses generales de la Administración. Además, establece la exigencia previa de un aval solidario para garantizar el contenido económico del acto que se suspende.

En el recurso de reposición interpuesto, la Sala considera que el Gobierno de Navarra ha desenfocado la cuestión en sus alegaciones y confundido la pretensión articulada en el proceso.

El Tribunal explica que en este recurso se discuten cuestiones de legalidad ordinaria y no cuestiones de trascendencia constitucional, como la constitucionalidad de la prohibición de financiación pública de los colegios con educación diferenciada.

En este litigio también se discute la aplicabilidad de un derecho transitorio para los alumnos de Bachillerato, tal y como prevé la Ley Foral para etapas obligatorias.

La pretensión del colegio Miravalles-El Redín se fundamenta en el principio de confianza legítima y en el derecho transitorio del Código Civil, que determinaría la aplicación de un periodo transitorio que respete los derechos adquiridos.

Respecto a la constitucionalidad de la medida, los magistrados indican que el acto recurrido no impide la continuación del modelo educativo de educación diferenciada por sexos, que es perfectamente legal y constitucional.

Además, el acto impugnado no obliga a los alumnos a cambiar de centro, ya que se mantiene la libertad de elección en los términos establecidos en la Ley.

Las medidas cautelares adoptadas tienen en cuenta los posibles daños irreversibles que la supresión de la financiación pública podría suponer para los demandantes, especialmente en el ámbito educativo y para los escolares menores de edad.

En resumen, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se basa en una ponderación de intereses públicos y privados, no cuestiona la constitucionalidad del modelo educativo de educación diferenciada y tiene en cuenta los posibles daños irreversibles que la supresión de la financiación pública podría ocasionar.