En una decisión que refuerza el respeto a la legalidad y las normativas vigentes, el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha declarado como nula de pleno derecho la adquisición de un escenario para fiestas por parte del Ayuntamiento de Corella, al considerar que no se cumplió con la ley foral de Contratos Públicos.

El TAN ha respaldado la posición del grupo municipal de UPN, que presentó el recurso, destacando que la compra carecía no solo de un proceso de contratación adecuado, sino también de una asignación presupuestaria para llevar a cabo la transacción. Este hecho llevó a la aprobación de una modificación presupuestaria que, según han señalado desde la formación regionalista, pone de manifiesto la falta de planificación y actuación del equipo de Gobierno municipal.

La adquisición del escenario se realizó en septiembre, mientras que la modificación presupuestaria para regularizar la situación se aprobó un mes después, el 11 de octubre. Esto evidencia, en opinión de UPN, la falta de previsión en las acciones del ejecutivo local, que ni siquiera presentó un informe al TAN como respuesta a las irregularidades cometidas.

El TAN ha enfatizado que la actuación cuestionada es nula de pleno derecho, ya que la modificación presupuestaria posterior no corrige el vicio de nulidad radical, dado que no existía una partida asignada en el momento de la contratación. Se trata de un contrato de suministro cuyo valor excede los 15.000 euros, por lo que debió seguirse el procedimiento correspondiente de contratación, explican desde el tribunal.

Según el tribunal, la documentación proporcionada por el Ayuntamiento de Corella muestra únicamente un presupuesto datado el 7 de septiembre y una factura emitida por la empresa el 18 de septiembre, lo que demuestra que la transacción se realizó antes de la sesión plenaria que incluyó el gasto en el Presupuesto, celebrada el 11 de octubre.

A pesar de la aprobación de la modificación presupuestaria, tanto la Intervención como la Secretaría Municipal emitieron un informe de reparo que cuestiona la legalidad de la acción. Estos informes alertaron a UPN para impugnar las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno, según han finalizado los regionalistas.