Ignacio Cabeza no ve puntos "irregulares" en el convenio, pero sí "una sucesión de deficiencias"

PAMPLONA, 16 Dic.

El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, aseguró que la pérdida económica derivada del acuerdo entre Sodena, la CEN y la compañía Albyn para la adquisición de máscaras a lo largo de la pandemia deberían aceptarla las tres partes implicadas, las que, "en el contexto de la solución", son quienes "deben solucionar de qué forma se dividen esa pérdida".

En afirmaciones a los medios con relación a el informe dado a entender este viernes por la Cámara de Comptos, Cabeza, que ha señalado la relevancia de "contextualizar el acuerdo en el instante en el instante preciso en que este se firma", respondió que "no hay una contestación única" a esta cuestión, en tanto que, por servirnos de un ejemplo, Comptos "ha preparado de reportes jurídicos que pidieron todas las partes y unos dicen una cosa y otros dicen otra".

"La Cámara no es un órgano jurisdiccional para tomar una resolución jurídica, es un tema que compete, primeramente, a las partes", ha señalado, tras remarcar que, de generarse, "la judicialización" de esta cuestión debe realizarse "una vez resuelto el tema de la caducidad" de las máscaras.

Preguntado sobre si Comptos ha detectado algún aspecto "irregular" en el convenio, Cabeza respondió de manera negativa y aseguró que "lo único que detectamos es una sucesión de deficiencias en el artículo". Por ejemplo, que "no se contemplaban probables ocasiones que se saliesen del contexto". "El inconveniente es la deficiencia del propio convenio en sí", dijo.

Además, ha considerado "justo" admitir "la tarea de la Administración pública como impulsora de este acuerdo, pues las pequeñas y medianas compañías y autónomos estaban con varios inconvenientes para abastecerse de máscaras, esencialmente". Según indicó, las considerables compañías "no preocupaban tanto pues ahora tenían sus canales de compra".

Según indicó, la meta de Comptos con este informe es "forzar, en el buen sentido de una recomendación, a que las partes procuren llegar a un convenio, como se intentó durante estos años, pero en este momento con la urgencia de ofrecer salida a este producto", puesto que "no comprendería el ciudadano que se dejaran caducar estas máscaras". También ha subrayado que "la compromiso es de las tres partes" implicadas, que son quienes "deben buscar una solución para ofrecer salida a esas máscaras", que caducan entre febrero de 2023 y febrero de 2024.

En el informe anunciado este viernes, elaborado por idea propia, Comptos sugiere que se llegue a un convenio entre las partes, para lo que recomienda la vía de la mediación o arbitraje; que se dé salida al depósito de máscaras antes que caduquen; y, por último, recomienda a Sodena que en futuras actuaciones "asegure la mayor protección viable de los fondos públicos usados".

La Cámara de Comptos concluye que el acuerdo alcanzado entre las tres partes tiene dentro "múltiples deficiencias" y apunta que "todas y cada una de las partes son corresponsables" de esas deficiencias y que, por consiguiente, "deben asumir las respectivas responsabilidades, tanto las obligaciones contempladas como las no establecidas y que debieron preverse".