En el pleno del Parlamento de Navarra, celebrado el 5 de febrero, se ha dado un paso significativo hacia la gestión de las competencias en materia de tráfico. La moción impulsada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) fue aprobada, instando al Gobierno foral a iniciar los trámites necesarios para transferir la responsabilidad sobre el carné de conducir, lo que incluye la gestión de los exámenes de tráfico y la administración de los examinadores.

La votación mostró un apoyo diverso, con UPN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti respaldando la propuesta. La abstención del Partido de los Pensionistas de Navarra (PPN) y el rechazo del Partido Socialista de Navarra (PSN) y del Grupo Mixto, que incluye a Vox, resalta las distintas posturas políticas sobre este tema.

Una enmienda propuesta por Geroa Bai fue integrada a la moción, enfatizando que cualquier traspaso de competencias debe ir acompañado de los recursos necesarios para asegurar su correcta implementación. La Cámara también instó al Gobierno de España a que de manera inmediata tome medidas para aumentar el número de examinadores en Navarra, garantizando una cobertura adecuada a las necesidades del servicio y de los ciudadanos.

La parlamentaria Marta Álvarez, de UPN, destacó que la situación de los exámenes de conducir afecta a más de 8.000 personas en Navarra. Criticó al Gobierno central por su ineficacia, mencionando que muchos optan por trasladarse a otras localidades o comunidades para realizar sus exámenes debido a las largas listas de espera, lo que está poniendo en riesgo al sector.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, respaldó la reclamación de competencias, sosteniendo que Navarra depende del Gobierno central para abordar esta cuestión que ha sido un problema persistente. Según Regúlez, el traspaso significaría un avance hacia un autogobierno efectivo y un cumplimiento de la legislación estatal.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, criticó la moción, argumentando que no ofrece una solución viable dado que los permisos de conducción son documentos armonizados a nivel europeo, cuya expedición está reservada para los Estados. Cuestionó la lógica detrás de la moción, pidiendo a sus promotores que propongan soluciones verdaderamente factibles en lugar de promesas vacías.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, también hizo eco de las preocupaciones por las listas de espera, indicando que la situación tiene raíces estructurales que requieren una solución profunda. Según Araiz, la transferencia de los servicios de tráfico sería esencial para resolver el problema de manera efectiva.

Javier García, del PPN, mostró su acuerdo con los objetivos de la moción, pero cuestionó la eficacia de transferir competencias sin la capacidad demostrada de gestión. Advirtió que adoptar nuevas responsabilidades sin una gestión adecuada podría agravar la situación existente.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, apoyó el diagnóstico de UPN sobre la situación prolongada en el tráfico en Navarra, aunque expresó dudas sobre la viabilidad de las propuestas presentadas. Insistió en la necesidad de cualquier medida que aborde este problema de forma eficaz.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez criticó el enfoque de UPN, describiéndolo como un nacionalismo foral que busca incrementar la autonomía mientras se aleja de la unidad de España. Afirmó que cualquier movimiento hacia la descentralización de competencias debilita la estructura estatal y es un paso que Navarra no necesita.