• miércoles 28 de septiembre del 2022
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El Parlamento de Navarra aprueba la ley que reconoce a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

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PAMPLONA, 30 Jun.

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales realizados en el seno de Iglesia católica, un artículo con el que se quiere "ofrecer cobertura a las situaciones precriptos, sin entorpecer en los que todavía tengan la posibilidad de proponerse frente a los tribunales de justicia". Todos los conjuntos han apoyado la proposición, salvo Navarra Suma, que ha votado en contra.

La ley, impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos y también I-E, y que ha sumado el acompañamiento de EH Bildu, tiene por objeto articular un trámite que permita el "ejercicio del derecho al reconocimiento" de las víctimas de abusos sexuales realizados en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, "con carácter subsidiario en frente de cualquier actuación de carácter penal o sancionador, integrar a la memoria colectiva una situación esconde y también ignorada por la mayor parte de la sociedad".

Al enfrentamiento en el pleno del Parlamento ha acudido un conjunto de víctimas, que, en el momento de intervención de Navarra Suma, se han puesto unas máscaras de esquimal, en queja por unas expresiones de Navarra Suma en comisión, en las que apuntó que la ley debería admitir a todas y cada una de las víctimas sin distinguir ámbitos y citó por poner un ejemplo abusos entre esquimales. El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, les ha pedido que se quitaran las máscaras y se las han retirado.

Por medio de la ley, se instaura un desarrollo dirigido al "otorgamiento de un estatuto particular que, en forma de reconocimiento y reparación a nivel institucional y popular, contribuya a resignificar todos esos hechos y actuaciones sometidos a la apología del olvido, a las distintas maneras de revisionismo y negacionismo" usadas para "justificar y/o denegar la presencia de abusos sexuales a menores realizados por integrantes de la Iglesia católica".

Así, se crea un trámite para documentar "con el máximo rigor y de forma personalizada" las peticiones cursadas frente a lo que se ha llamado Comisión de Reconocimiento, órgano colegiado sin dependencia solicitado de apreciar las necesidades de declaración de la condición de víctima de abusos "en contextos en los que la Iglesia tenía una situación garante".

Dicha Comisión, adscrita al Departamento de Justicia, va a estar compuesta por nueve integrantes designados para un periodo de seis años (reelegibles). Cuatro de estos, propuestos por igual por el Departamento de Justicia y el Parlamento, van a deber tener experiencia en temas de víctimas y rivalidad profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico. Dos representantes mucho más lo van a ser a instancias de la Iglesia y otros 2 a idea de las asociaciones de víctimas sexuales. En total nueve pertenecientes, incluyendo la secretaría, ya que recaerá en la persona que ostente la jefatura de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Gobierno de foral.

La Comisión, que se reunirá por lo menos una vez por mes, adoptará sus pactos por mayoría de votos, decidiendo en el caso de empate la presidencia con su voto de calidad. Entre las funcionalidades de la Comisión consta la elaboración de una memoria de forma anual, donde va a dar cuenta de los desenlaces de sus trabajos, las peticiones recibidas y las proposiciones de resolución expedidas, y una memoria final, que va a coincidir con el término de su orden.

En lo que atañe al trámite para el reconocimiento de la condición de víctima, "se garantiza un mecanismo ágil de iniciación que, desde el respeto a la jurisdicción penal, única de jueces y tribunales, se limita a una petición -descripción descriptiva de los hechos-, acompañada de cuantos documentos o reportes se tengan en cuenta oportunos". En el período máximo de un mes la Comisión va a deber elegir la admisión o inadmisión.

Si en el curso de ese desarrollo el órgano inspector tuviese conocimiento de la presencia de causas judiciales o métodos sancionadores libres, va a suspender la tramitación hasta el momento en que las dos vías se agoten.

Cada petición va a dar sitio a un informe animado que, en un período no mayor a nueve meses desde su recepción, la Comisión elevará al titular del Departamento de Justicia, quien en el término de tres meses dictará resolución estimando o desestimando la petición de reconocimiento del estatus de víctima. El fallo va a ser comunicado en un mes. Transcurrido dicho periodo y sin perjuicio de la obligación de dictaminar, la petición va a poder comprenderse desechada por silencio administrativo.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha lamentado que la situación contraria de su conjunto a la ley "suscite incomprensión" por la parte de las víctimas, "pero suponemos estar defendiendo lo preciso". "Elegir qué era lo acertado no fué simple, tuvimos muchas inquietudes, pues éramos siendo conscientes de que lo que se encontraba en juego era el reconocimiento de unas personas que siendo pequeños padecieron unos abusos horripilantes. Pero votamos en contra pues una ley no puede vulnerar el principio de igualdad. Una ley no puede admitir como víctima en dependencia de la confesión religiosa y los votos religiosos del victimario, algo que no pasa en la ley de crueldad de género, pues ahí no se castiga solo al atacante en el momento en que es de una cierta confesión religiosa, sino más bien a cualquier atacante", ha subrayado.

La parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno aseguró que el Partido Socialista "no se marcha a poner de lado, deseamos visivilizar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica". "La Iglesia dió pasos deficientes y desilusionantes en España pero la opinión pública desea que esto se esclareza. Los conjuntos parlamentarios debíamos ofrecer una contestación y mostramos esta proposición de ley", explicó, para criticar que "si Navarra Suma desea continuar con el oscurantismo, ahí no nos irá a hallar".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez expresó el "deber de su conjunto con la sociedad navarra para el reconocimiento a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos que por causas históricas o sociales no vieron reconocido su derecho a la realidad, memoria y justicia, y un colectivo que no vió reconocidos sus derechos son las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia". "Aprobar esta ley en el Parlamento es brindarles la justicia que meritan siempre y en todo momento en la rivalidad que contamos para esto", aseguró.

Por una parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha señalado que con esta ley se busca "admitir la condición de víctimas a todas y cada una la gente que han sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, víctimas que no obtuvieron justicia a través del sistema de Justicia, la enorme mayoría de delitos han prescrito, quedaron impunes, y mediante esta ley se quiere un reconocimiento popular, no un reconocimiento judicial". "Las víctimas fueron doblemente victimizadas, abusadas, silenciadas y también ignoradas, y esta ley es un paso esencial en la realidad y en el reconocimiento que tan preciso es para las víctimas y para la sociedad", aseguró.

El representante de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "Navarra tuvo la fortuna de tener a decenas y decenas de personas -las víctimas- que tomaron la voz y Navarra es la primera Comunidad en ofrecer un espacio oficial a las víctimas para comprender su verdad y eludir su silencio" mediante la ley. Frente a ello, ha criticado que Navarra Suma ha planteado, con sus enmiendas, "prácticamente eliminar a la Iglesia de la ley".

Por último, la representante de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha valorado que se aprueba con "una mayoría esencial una ley que va a acabar con la ocultación de los abusos sexuales que se generaron en el ámbito de la Iglesia católica y es primordial que esta idea política piensa el reconocimiento de los abusos sexuales que se generaron en su día". "Tiene un valor sanador que una institución como el Parlamento de Navarra reconozca que esos hechos sucedieron", ha señalado.

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