El nuevo anteproyecto de ley de Salud respeta la autonomía del SNS y propone movilidad limitada para los profesionales.

PAMPLONA, 30 de marzo.

Este lunes se llevó a cabo la presentación de los avances en la elaboración del anteproyecto de ley foral de Salud de Navarra, a cargo del consejero de Salud, Fernando Domínguez, y el director general de Salud, Antonio López. La iniciativa ha sido publicada en el portal de participación, donde se han considerado cerca de 1.000 aportaciones del público. A partir de aquí, el texto seguirá con su tramitación para ser finalmente registrado en el Parlamento de Navarra, donde será debatido y votado.

Antonio López, responsable del desarrollo del anteproyecto, ha subrayado los objetivos fundamentales de la ley, que incluyen una nueva distribución de recursos sanitarios, promoviendo la equidad en el acceso y la eficiencia en la gestión. Además, ha enfatizado la importancia de introducir nuevas tecnologías en el sistema de salud, con el propósito de convertir el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en entidades autónomas, flexibles y ágiles en la toma de decisiones.

La propuesta legal también aborda la movilidad de los profesionales de la salud. Domínguez ha aclarado que esto no implicará traslados indiscriminados, sino que se realizará únicamente en casos concretos donde se requiera. La previa contratación y la voluntariedad continuarán siendo prioritarias, con el objetivo de que los profesionales se desplacen en lugar de que los pacientes tengan que hacerlo, especialmente en situaciones de falta de personal en zonas específicas.

Como parte de esta movilidad regulada, se han propuesto incentivos económicos, que incluyen el pago del desplazamiento y el tiempo invertido en el mismo como jornada laboral. En situaciones donde no se logre el acuerdo voluntario de los profesionales para desplazarse, se establecerán criterios objetivos, como la experiencia y la edad, para determinar quién debe asumir esa movilidad.

El consejero ha expresado su confianza en que esta movilidad afectará en gran medida al personal médico y a unas pocas especialidades, considerándolo un hecho excepcional. Ha señalado que la Administración necesita un marco legal que le brindé la flexibilidad necesaria para movilizar recursos y personal en función de las demandas del servicio.

Domínguez también se refirió a las discusiones mantenidas con los sindicatos sobre el texto de la ley, señalando que algunos no se mostraron en favor del mismo, aunque tras la confirmación de sus organismos como autónomos, ciertos sindicatos han comenzado a mostrar su apoyo.

Desde el punto de vista parlamentario, el consejero considera que cuentan con los apoyos necesarios para la aprobación de la ley, y recordó que EH Bildu había presentado propuestas para agilizar la tramitación del anteproyecto. Además, el Gobierno seguirá buscando el respaldo de aquellos grupos que aún no han expresado su opinión positiva o negativa.

Sobre las iniciativas para mejorar la atención en urgencias rurales, Domínguez ha lamentado la falta de consenso político y profesional en torno a esa propuesta, aunque ha señalado que algunas voces individuales apoyan la necesidad de reforma. Sin embargo, ha admitido que la comunicación con el público puede resultar desafiante.

El consejero ha repasado el proceso que ha llevado hasta el anteproyecto actual. Tras la presentación inicial en septiembre de 2024 y un periodo de participación pública, se han recibido alrededor de 1.000 aportaciones que han sido evaluadas para la elaboración del texto final.

Antes de su presentación oficial, se requiere la evaluación de varias instituciones, incluyendo la Dirección General de Función Pública y el Instituto Navarro para la Igualdad. Posteriormente, el texto será revisado en el Consejo Navarro de Salud y por otros organismos antes de su inscripción en el Parlamento, con la esperanza de lograrlo antes de finalizar junio, aunque condicionando esta meta a factores externos.

Antonio López ha enfatizado que el objetivo central de la ley es centrar la atención en la ciudadanía dentro del sistema sanitario, organizando toda la estructura y recursos en torno a las necesidades reales de los ciudadanos.

Una de las innovaciones destacadas del anteproyecto es la creación de un nuevo mapa sanitario en Navarra, estructurado en un área única de salud y varios distritos que faciliten una atención más cercana y de calidad, asegurando así la equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

En cuanto a la gestión de los centros de salud, se prevé una mayor autonomía en su funcionamiento, con la implementación de contratos y pactos de gestión que aseguren la rendición de cuentas ante la ciudadanía. También se introducirán evaluaciones del rendimiento profesional que podrían conducir a incentivos basados en objetivos medibles.

El anteproyecto también destaca la importancia de las prestaciones en atención sociosanitaria, así como áreas como la salud mental, salud sexual y reproductiva, y la atención en cuidados paliativos, entre otras, que no estaban contempladas en la ley foral de Salud vigente desde 1990.