El Gobierno de Navarra trabaja en la aplicación de la ley de UPN para evitar recursos judiciales

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha confirmado que el departamento está ajustando la implementación de la ley aprobada en el Parlamento, que busca impedir el cierre de aulas. La ley, pactada por varios grupos políticos, ha generado dudas sobre su interpretación y efectos prácticos. Gimeno ha señalado que el departamento actúa en cumplimiento de la ley, aunque con dificultades para aplicar ciertos aspectos, como la reasignación de plazas y la adjudicación de destinos. La posible repetición del proceso de matrícula y la incertidumbre judicial son riesgos que enfrenta el sistema educativo. La ley ha provocado tensiones políticas internas, en un contexto donde el Ejecutivo navarro trabaja en línea con su acuerdo programático, aunque sin contar con consenso absoluto. Gimeno ha defendido su trabajo, asegurando respaldo institucional y político, y ha subrayado que la ley busca proteger la escuela pública en medio de un escenario complejo. La situación refleja las dificultades de gestionar cambios legislativos con impacto sobre la administración educativa y el equilibrio político en Navarra, y anticipa posibles ajustes futuros ante decisiones judiciales y recursos administrativos.