El Gobierno central aprueba ayudas para territorios afectados por emergencias en 2022, incluyendo Navarra.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para 13 comunidades autónomas que han sufrido incendios forestales, inundaciones y otras catástrofes desde el 20 de agosto de 2022 hasta el pasado 8 de junio.
Esta declaración incluye los territorios siniestrados por un total de 80 episodios en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia, Navarra y País Vasco, así como en la ciudad de Ceuta. En el caso de Navarra, se trata del incendio registrado en el monte Ezkaba el pasado 20 de septiembre.
La declaración permite a los afectados reclamar las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior.
Las ayudas del Ministerio del Interior incluyen indemnizaciones por daños personales, daños materiales y pérdidas económicas. Dependiendo del caso, las cifras oscilan entre 18.000 y 5.160 euros. También se cubren los daños a elementos comunes de la comunidad de propietarios, gastos de personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes, así como los gastos derivados de actuaciones inaplazables para corporaciones locales.
El valor total de las ayudas que corresponden al Ministerio del Interior se estima en unos doce millones de euros, aunque todavía no es posible evaluar los daños producidos y el coste total de las ayudas.
Además, otros departamentos ministeriales estudiarán la aplicación de diferentes ayudas indirectas a los afectados, como beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, o ayudas a las corporaciones locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. Los ministerios podrán declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.
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