• viernes 07 de octubre del 2022
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El Gobierno central afirma Andalucía, CyL, Aragón, Navarra, Cataluña, C.Valenciana y Murcia región 'aciaga'

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MADRID, 27 Jun.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la declaración como región perjudicada dificultosamente por una urgencia de protección civil las áreas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia perjudicadas por los incendios de las últimas semanas, la mayor parte ocasionados por la ola de calor que afectó a prácticamente toda la península.

En preciso en Navarra, la declaración ZAEPC fué aprobada en relación a los incendios de Tafalla, Legarda, Arguedas y San Martín de Unx.

Así, a solicitud del Ministerio del Interior, se entregarán ayudas a estas comunidades autónomas para mitigar los daños y recobrar las ubicaciones perjudicadas por los incendios forestales sufridos este mes de junio.

La ministra representante del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció el acuerdo a lo largo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que estas catástrofes han perjudicado a una área de unas 52.000 hectáreas con "incendios de novedosa generación" de las que 31.000 hectáreas quemadas se concentran en la provincia de Zamora.

Rodríguez ha precisado que en acompañamiento a las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en temas de incendios forestales, el Gobierno ha aportado mucho más de 1.800 efectivos, 600 automóviles, 24 aeroplanos, 3 helicópteros, 4 aeroplanos de coordinación y 14 Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIFS).

La ministra representante ha añadido con relación a este acuerdo que la última Conferencia de Presidentes se abordó "este tema" tal es así que el Ejecutivo trabaja en un "plan horizonte" para la optimización de los sistemas de Protección Civil que "ha anunciado fortalezas" en los últimos meses.

En todos y cada uno de los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas perjudicadas se vieron obligadas a encender sus propios proyectos de protección en una situación operativa de escenarios 1 o 2, así como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En preciso, la declaración ZAEPC fué aprobada en relación a los próximos incendios: Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martín de Unx (Navarra).

Además del daño medioambiental, estos incendios han requerido la evacuación precautoria de prácticamente 4.000 personas y causado graves desperfectos en infraestructuras y en recursos públicos y privados, tal como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, más allá de que ahora mismo no pudieron ser de forma plena cuantificados.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que en el momento en que se genere una urgencia cuya intensidad requiera para su restauración la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas agarradas en su Capítulo V del Título II, anterior declaración de la ZAEPC por acuerdo del Consejo de Ministros.

Las medidas de restauración previstas en este acuerdo, cuya ejecución corresponden al Ministerio del Interior tienen dentro ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y persistente, hasta 18.000 euros; ayudas por destrucción o daños en bartulos de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros; ayudas por destrucción total de la vivienda frecuente: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros; ayudas por daños a la composición de la vivienda frecuente: el 50% de los daños, con un máximo de diez.320 euros.

Por otro lado, se tienen dentro otras ayudas por otros daños en la vivienda frecuente: el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros; por daños a elementos recurrentes de una red social de dueños: el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan realizado posibilidades personales y de recursos: el importe total de los costos; a los sucesos de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluyendo los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.

Asimismo, las ayudas asimismo van a poder favorecer a corporaciones locales por costos derivados de actuaciones improrrogables: entre el 50% y el cien%, según las situaciones.

El acuerdo asimismo prevé la oportunidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para repetidos de privilegios de circulación o conducción, tal como bajas de automóviles siniestrados.

Por otro lado, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de asistencia, si bien van a deber ser dictadas por orden del ministerio de cada departamento competente así como provecho fiscales; medidas laborales y de Seguridad Social; ayudas a corporaciones locales, y daños en infraestructuras públicas y dominio público.

En cuanto a las ventajas fiscales, va a ser el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es frecuente van a estar exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Mientras, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones van a poder desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

En cuanto a las ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un precio de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para arreglar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Por último, los daños en infraestructuras públicas y el dominio público, los sobrantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, van a poder declarar región de actuación particular, tal como la urgencia de las proyectos, para arreglar los daños ocasionados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

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