El Ayuntamiento de Pamplona devolverá más de 73.000 euros a usuarios de bicicleta eléctrica

El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado que devolverá 73.057,09 euros a las personas que solicitaron reembolsos tras el cierre del sistema de bicicletas eléctricas compartidas en febrero. De las 5.780 solicitudes presentadas, se aceptaron 5.681, mientras que 21 fueron rechazadas y 62 anuladas, por no cumplir con los requisitos establecidos. La cantidad total a devolver puede incrementarse, ya que aún hay solicitudes pendientes de subsanación.

Este cierre, decretado unilateralmente por Ride On Pamplona, generó una situación de incertidumbre para miles de usuarios que habían adelantado fondos en monederos electrónicos para utilizar el servicio. La gestión del proceso de reembolso ha sido una prioridad del Ayuntamiento, que ha mantenido contacto con los afectados para facilitar los reembolsos y clarificar los requisitos.

Desde una perspectiva política, la situación refleja la necesidad de una regulación más estricta en servicios de movilidad compartida y una mayor protección para los usuarios ante decisiones empresariales unilaterales. La gestión del cierre y las reclamaciones evidencian también las tensiones entre el interés público y las operaciones de empresas privadas en el ámbito de la movilidad urbana.

El Ayuntamiento ha anunciado que reclamará a Ride On Pamplona, S.L. el pago de la deuda, que incluye los saldos pendientes de 278.346,6 euros, correspondientes a fondos invertidos y bonificaciones promocionales. La intención es que la empresa abone en un mes estos importes, para evitar acciones legales. La situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los usuarios ante la dependencia de servicios externalizados y la importancia de la regulación en este sector.

Este episodio se inscribe en un contexto de cambios en la movilidad urbana de Pamplona, con un proceso de licitación en marcha para un nuevo sistema de bicicletas eléctricas. La experiencia previa genera expectativas sobre la protección de los derechos de los usuarios y la necesidad de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios de movilidad compartida en la ciudad.