En un reciente desarrollo judicial, se ha dictado sentencia para los agricultores involucrados en los disturbios ocurridos en las afueras del Parlamento de Navarra el pasado 7 de marzo de 2024. Aquellos que fueron acusados de agredir a los agentes de la ley han recibido una condena de ocho meses de prisión, además de una multa equivalente a dos meses y 20 días. La sentencia se fundamenta en los cargos de desórdenes públicos, desobediencia grave, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones leves.

Por otro lado, los agricultores que formaron parte de las protestas, pero que no realizaron agresiones a los cuerpos de seguridad, han sido sentenciados a cuatro meses de prisión junto a una multa de dos meses. En total, 19 individuos han sido condenados por estos hechos que han generado controversia y debate en la comunidad navarra.

De acuerdo a la información proporcionada por los abogados defensores de los agricultores, las audiencias se llevaron a cabo el jueves pasado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona. Durante esta vista, se alcanzó un acuerdo considerado “satisfactorio” con el Ministerio Fiscal, lo que ha permitido la suspensión de las penas de prisión, eximiendo así a los condenados de ingresar en la cárcel.

Un relato detallado sobre el proceso judicial revela que el 9 de marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona inició una serie de diligencias luego de recibir un informe de la Policía Foral relacionado con los disturbios del día anterior. Este informe condujo a la detención de 19 individuos, quienes fueron liberados posteriormente por el Juzgado de Guardia. Los delitos inicialmente considerados incluyen atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y una variedad de otros delitos menores que afectaron la paz pública.

Los abogados han destacado que, tras la liberación de los agricultores, comenzaron a dialogar con la Fiscalía, quienes siempre mantuvieron la disposición de llegar a un acuerdo. Es relevante mencionar que el presidente del Parlamento de Navarra hizo comparaciones entre estos hechos y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, mientras que la presidenta del Gobierno foral reiteró su percepción de lo ocurrido como un intento de asalto al Parlamento.

A pesar de las comparaciones dramáticas y del deseo del Gobierno de Navarra de clasificar la situación como un delito contra las instituciones estatales, los abogados de los agricultores argumentan que, finalmente, los hechos se trataron como meros desórdenes públicos. En este contexto, enfatizan que nunca se investigó a los agricultores por estar involucrados en un delito contra las instituciones del Estado, el cual podría haber conllevado penas de hasta cinco años de prisión y cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Los representantes legales subrayaron su objetivo de evitar que el proceso se enmarcara en un delito más grave, lo que hubiese perjudicado enormemente a sus defendidos. Tras lograr este objetivo, se entablaron negociaciones con la Fiscalía, desembocando en un acuerdo alcanzado en noviembre. Los abogados han expresado su gratitud al Ministerio Fiscal por contribuir al cierre de este procedimiento de manera favorable para todos los involucrados.

En la vista de conformidad, los agricultores reconocieron los hechos y se separaron en dos grupos en el acuerdo: aquellos que no agredieron a los agentes y los que sí lo hicieron. Esta distinción fue clave para establecer las diferentes penas impuestas.

Los defensores han manifestado su satisfacción, ya que el proceso se desarrolló en Pamplona, lo que evitó su traslado a la Audiencia Nacional por los delitos contra las instituciones del Estado. Además, resaltaron la rebaja de los siete delitos originales a solo cuatro, tras negociar con la Fiscalía para obtener las penas mínimas, aplicando atenuantes que favorecieron a sus clientes.

Es importante señalar que los agricultores no enfrentaron mayores complicaciones durante este proceso, ya que no tuvieron que declarar ante el Juzgado, limitándose a aceptar los hechos en el Juzgado de Instrucción. Esto les permitió evitar un juicio en el Juzgado de lo Penal, simplificando así el procedimiento judicial.

Por último, los abogados anunciaron que, tras conocer la gravedad de las lesiones sufridas por los agentes de la Policía Foral, han iniciado gestiones para indemnizar a los afectados, cumpliendo así con la obligación de reparar cualquier daño causado, que también incluyó el material fotográfico de un reportero que sufrió daños durante los incidentes.