Descubiertas 12 personas bajo sospecha en Navarra por vender miles de productos falsos sin haber pasado controles legales

Descubiertas 12 personas bajo sospecha en Navarra por vender miles de productos falsos sin haber pasado controles legales

Miles de juguetes peligrosos han sido retirados de la venta en Europa debido a su falta de cumplimiento con las normas de seguridad establecidas en las directivas europeas. Esta situación ha llevado a la Guardia Civil de Navarra a investigar a 12 personas por delitos contra la propiedad industrial. Estas personas fueron encontradas con juguetes falsificados y otros productos que no habían pasado los controles aduaneros necesarios.

Los agentes de la Guardia Civil han logrado retirar del mercado más de 1.700 unidades de juguetes, así como más de 500 prendas de ropa y calzado falsificados. Estos productos ilegales, al ser importados sin cumplir con los requisitos de seguridad, representan un peligro para la salud de los consumidores en los mercados comunitarios de la Unión Europea.

Las deficiencias de seguridad presentes en estos productos falsificados pueden ocasionar diferentes peligros. Por ejemplo, los juguetes pueden representar un riesgo para los niños debido a piezas pequeñas sueltas o aristas punzantes. Por otro lado, las prendas de ropa y el calzado falsificados pueden provocar alergias y abrasiones en la piel de quienes los utilizan.

Además de los riesgos para la salud de los consumidores, estas ventas ilícitas también causan un perjuicio económico tanto a las marcas afectadas como a los comercios locales. Las empresas se ven perjudicadas al tener sus productos falsificados en el mercado, mientras que los comercios sufren una disminución en sus ventas debido a la competencia desleal de los productos falsificados.

La Guardia Civil ha tomado acciones legales contra estos delitos y ha procedido a la confección de 18 procedimientos administrativos amparados en la Ley Orgánica 12/1995 sobre represión del contrabando. Todos los productos intervenidos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes en la materia.

Las sanciones por estos expedientes administrativos podrían resultar en multas económicas que oscilan entre el 100% y el 150% del valor de mercado de los productos intervenidos. La sanción mínima establecida es de 500 euros.

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