El Juzgado de lo Social nº3 de Pamplona ha dicho este martes que el convenio de Intervención Social de Navarra es "legal" y "de pleno derecho", y ha rechazado los argumentos de la patronal OEIS para impugnarlo, según han anunciado los sindicatos LAB y CCOO.

El juicio sobre la impugnación se celebró el pasado 18 de abril en Pamplona después de varios aplazamientos. Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano, Acción contra el Hambre y la Asociación Española contra el Cáncer, que forman parte de la patronal OEIS, fueron las empresas que impugnaron el primer convenio de Intervención Social de Navarra.

A pesar de que "la asociación demandante sí tiene legitimación procesal para impugnar el convenio colectivo de Integración Social de Navarra y además cuenta con la legitimación negociadora", según ha explicado LAB, la sentencia no ha determinado que "su derecho a la negociación colectiva haya quedado vulnerado".

LAB ha señalado que "nunca nos deberíamos haber encontrado en esta situación que ha puesto en riesgo los avances conseguidos por las trabajadoras de Intervención Social". "Hoy se ha hecho justicia y nos alegramos por ello. Y apelamos a OEIS a que se abstenga de recurrir la sentencia, y deje de alargar esta situación de manera innecesaria, injusta e injustificada", han dicho desde el sindicato.

CCOO ha valorado que el convenio "seguirá en vigencia pese a la impugnación interpuesta por una parte de la patronal", de forma que "1.200 personas que trabajan en Navarra en el sector de Intervención Social continuarán contando con el convenio territorial firmado en el año 2021". Los servicios jurídicos del sindicato presentaron una sentencia anterior del Tribunal Supremo como defensa a la legitimidad de la negociación.

En la demanda, la Asociación Estatal de Empresas de Intervención Social pedía la nulidad del convenio colectivo, motivando en su demanda que no fue citada a la comisión negociadora. El juzgado de lo social nº 3 ha dado como hecho probado que el día 15 de abril de 2019 la mesa negociadora del convenio sí comunicó a la comisión paritaria del Convenio Estatal de Intervención Social el inicio del proceso negociador. A juicio de CCOO, esta sentencia "consigue blindar los derechos laborales que el conjunto de la parte social logró en la negociación de dicho convenio".