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Política 27 de Septiembre de 2026 · 11:02h 2 min de lectura

Contigo Navarra denuncia la especulación y pide reforzar el parque público de vivienda

Contigo Navarra-Zurekin ha presentado en el Parlamento foral una declaración institucional para promover medidas que prioricen el derecho a la vivienda frente a la lógica especulativa. La iniciativa surge tras el caso de una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que ha reavivado el debate sobre la protección del parque residencial público en Navarra.

El contexto político en Navarra refleja un interés creciente por regular el mercado inmobiliario y garantizar accesibilidad a viviendas asequibles. La comunidad ha experimentado un aumento en los precios del alquiler y la compra, en un escenario donde la especulación ha reducido la disponibilidad de viviendas protegidas y ha elevado la tensión social en torno a la vivienda.

La propuesta de Contigo-Zurekin insta al Gobierno de Navarra a impulsar un plan de adquisición masiva de viviendas que hayan perdido su calificación protegida, financiado mediante fondos públicos y planes de inversión. La intención es ampliar el parque residencial público y recuperar viviendas construidas con recursos públicos para destinarlas a alquiler social.

Este enfoque busca fortalecer la política social en materia de vivienda y reducir la vulnerabilidad de colectivos con dificultades para acceder a un hogar digno. Además, la iniciativa propone que el Parlamento inste al Gobierno de España a expropiar viviendas en casos específicos para garantizar su uso social immediato, siguiendo modelos existentes en otras comunidades autónomas.

El debate en Navarra refleja un cambio de enfoque en las políticas públicas, que cada vez más sitúan el derecho a la vivienda por encima de las dinámicas de mercado. La tendencia apunta a una mayor intervención estatal para frenar la especulación y asegurar una oferta suficiente de viviendas asequibles en la comunidad.

De cara al futuro, la atención se centrará en cómo se implementan estas propuestas y en el desarrollo de un marco legal que proteja efectivamente a los inquilinos y fomente la construcción y recuperación de viviendas sociales. La voluntad política será clave para transformar estos planteamientos en realidades concretas que beneficien a la ciudadanía.

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