En una reciente sesión del pleno del Congreso celebrado el 21 de noviembre, se ha dado luz verde, de forma definitiva, a la controvertida ley que da continuidad al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. Este acuerdo permite que la competencia de tráfico quede incluida en la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA). La decisión fue objeto de rechazo únicamente por parte de los grupos parlamentarios del PP y Vox, quienes han mantenido una posición firme en contra de esta medida.

Con esta aprobación, la mayoría en el Congreso ha desestimado el veto que los mencionados partidos habían impuesto en el Senado, lo que ha facilitado que el proyecto de ley se considere aprobado de manera definitiva, preparándose así para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, estuvo presente durante el debate en la Cámara, una muestra del interés que ha generado este tema en el ámbito político navarro.

Este nuevo marco legislativo servirá para reforzar la competencia de tráfico en la LORAFNA para la Comunidad Foral de Navarra, particularmente luego de una reciente decisión del Tribunal Supremo que había anulado un traspaso previo de estas competencias. Así, el Gobierno central y el navarro han decidido blindar esta responsabilidad en su legislación local.

El acuerdo entre ambos ejecutivos incluye una modificación del artículo 49 de la LORAFNA, que ahora establecerá explícitamente que "además de las facultades y competencias que viene ostentando, corresponden a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico". Además, se ha añadido un nuevo apartado al artículo 51 que señala que será la Policía Foral la encargada de ejercer esta competencia, especificando así el rol que desempeñará el cuerpo de seguridad local en la materia.

Este acuerdo fue anunciado el pasado mes de abril después de una reunión entre la presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, para que el proyecto de ley pudiera ser implementado, se requería su aprobación tanto en el Parlamento foral como en las Cortes Generales. En este sentido, el Parlamento de Navarra ya realizó su votación favorable en mayo, un apoyo que obtuvo de fuerzas políticas como UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que el PP y Vox, una vez más, se mostraron en contra, alineándose con su postura en el Congreso y el Senado.