Condena a profesor en Pamplona por agresión sexual a menor: 4 años de cárcel y restricciones

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha impuesto una condena de cuatro años y un día de prisión a un profesor de un colegio de Pamplona por cometer tocamientos a una alumna de 10 años. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia, también establece medidas de alejamiento, libertad vigilada y una inhabilitación para trabajar con menores durante diez años.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 durante el recreo en el centro educativo. El docente, de 49 años y encargado del cuidado de los niños, utilizó un almacén para realizar conductas lascivas bajo la excusa de buscar pelotas de velcro. La menor sufrió malestar emocional tras el incidente, reflejado en pesadillas, nerviosismo y tristeza, según la valoración psicológica.

El proceso judicial se basó principalmente en el testimonio de la víctima, considerado creíble por el tribunal, y en las pruebas aportadas por la inspección ocular y las fotografías del lugar. La declaración del menor fue considerada coherente y veraz, mientras que la versión del acusado fue variando durante el procedimiento, lo que afectó su credibilidad.

El contexto político en Navarra ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de protección a menores en centros educativos. La comunidad educativa y las instituciones han reiterado su compromiso con la prevención y la protección de la infancia, impulsando medidas para evitar casos similares en el futuro.

Este fallo refleja la importancia de mantener una vigilancia estricta y protocolos claros en los centros escolares. La sentencia también reitera la relevancia de la formación del personal en materia de protección infantil, ante el riesgo de que incidentes de este tipo puedan repetirse si no se actúa con contundencia y transparencia. La comunidad espera que estos casos sirvan para reforzar la confianza en los sistemas de protección.

En un contexto más amplio, la sociedad navarra continúa enfrentando el desafío de garantizar entornos seguros para los menores, promoviendo una legislación que refuerce las sanciones y la prevención. La atención a las víctimas y la formación del personal son claves para disminuir la incidencia de delitos sexuales en ámbitos escolares.