En un importante fallo judicial, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido condenar a cinco personas a penas de 3 años y 6 meses de prisión por estar involucrados en el tráfico de una impresionante cantidad de 105.000 kilos de cannabis. Este material, que había sido cultivado en varias fincas de Artajona, Mendigorría y Olite, posee un valor potencial en el mercado negro que podría ascender a la abrumadora cifra de 155 millones de euros.

De acuerdo con la resolución, publicada recientemente, los condenados fueron hallados culpables de un delito contra la salud pública, específicamente relacionado con el tráfico de sustancias que no se consideran de grave daño si se consumen. Además, se les ha impuesto una multa ejemplar de 200 millones de euros a cada uno, el doble del valor de la droga involucrada en el caso.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2021, cuando la Policía Foral detectó la existencia de plantaciones de cañamo industrial en la mencionada región navarra. El agricultor responsable de estas explotaciones aseguró a los agentes que el cáñamo sería recogido manualmente y posteriormente secado en instalaciones del Ayuntamiento de Artajona, con la intención de enviarlo a Suiza.

Los agentes advirtieron al agricultor sobre las restricciones de transporte referentes a las flores de la planta, conocidas como cogollos, tal como lo establece una nota del Ministerio de Agricultura. Claramente, se les indicó que no podían ser transportados sin importar su contenido de THC, el componente psicoactivo del cannabis.

A pesar de estas advertencias, el grupo acusado procedió con sus planes en un intento de obtener ganancias en la producción y venta de la sustancia. Se descubrió que habían organizado un envío que sería realizado por camión a Roma el 2 de noviembre de 2021. Este transporte fue interceptado justo en las instalaciones de secado en Artajona.

En la operación, las autoridades confiscó más de 105.000 kilos de cannabis, de los cuales más de 87.500 kilos eran parte clave del material ilegal. La fiscalía, al presentar su caso en diciembre, había solicitado penas de prisión de prácticamente siete años, así como las multas ya mencionadas para cada uno de los encausados, mientras que las defensas abogaban por su absolución.

La sentencia destacó la controversia central del caso: determinar si el cáñamo en cuestión tenía la consideración de cáñamo industrial, tal como lo permite la normativa nacional e internacional, o si, por el contrario, se trataba de cannabis destinado a fines ilícitos.

El cáñamo industrial, cuya regulación es clara, es un tipo de Cannabis sativa con bajo THC, utilizado para diversos fines industriales, incluyendo la producción de fibras y semillas. Aunque su cultivo no requiere un permiso específico, debe cumplir con varios criterios y demostrar que no se destinará a usos prohibidos.

Durante las investigaciones, los agentes se reunieron con el propietario de las plantaciones, quien insistía en que contaba con las autorizaciones necesarias y que su actividad era legítima. Sin embargo, la Audiencia consideró que no había pruebas que acreditaran el legítimo destino industrial del cultivos, sugiriendo más bien que había intentos de disimular la verdadera intención detrás de la operación.

La decisión de la Audiencia subraya la falta de documentación que confirmara contratos con empresas reales que fueran a recibir el cáñamo, así como la omisión de notificar a las autoridades sobre las actividades de recolección y transporte. Con base en las pruebas presentadas, el tribunal llegó a la conclusión de que el propósito real de la operación era la comercialización ilegal de sustancias controladas.