La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado oficialmente al Tribunal Supremo que reexamine la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, quien ha decidido mantenerlo en prisión provisional.

   En la apelación presentada, a la que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán piden a la Sala de lo Penal que actúe y ordene “la inmediata liberación” del que fuera el tercer hombre en la jerarquía del partido socialista.

   Los defensores argumentan que no hay motivos válidos para mantener a Cerdán tras las rejas y critican que el magistrado justifique su decisión indicando que es necesario "proteger las fuentes de prueba relacionadas con Servinabar y Acciona". Ambas compañías están bajo la lupa de la Guardia Civil por presuntos delitos de manipulación en la adjudicación de contratos públicos; incluso se sostiene que el exdiputado del PSOE habría adquirido 1.350 participaciones en Servinabar por solo 6.000 euros.

   En este contexto, los abogados sostienen que la justificación del magistrado es “indefinida y carente de fundamento”, ya que los responsables de Servinabar y Acciona se encuentran en libertad y, por ende, no hay riesgo de ocultación de pruebas.

   Los letrados consideran que la decisión del magistrado es “totalmente errónea”, dado que se haoptado por encarcelar únicamente a Cerdán, sin aplicar medidas similares contra otros individuos que también estarían vinculados a las mencionadas empresas.

   “No se ha tomado ninguna acción en relación a aquellos que poseen la documentación y que son responsables contables y financieros de las empresas supuestamente conectadas con Cerdán”, subrayan, y aclaran que “bajo ningún concepto” sugieren que se encierre a otros involucrados.

   La defensa resalta que, hipotéticamente, si hubiera alguna prueba pendiente sobre esas empresas, resulta complicado justificar el encarcelamiento de una persona que no tiene acceso a esa documentación.

   Además, enfatizan que tanto la jurisprudencia nacional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos requieren que se especifiquen con claridad las fuentes de prueba que se buscan proteger.

   Según los abogados de Cerdán, actualmente no existen pruebas concluyentes y critican que la investigación esté fundamentada en un vacío, utilizando la falta de hallazgo como pretexto para extender la prisión a la espera de que surjan nuevas evidencias.

“¿Cuál es la conducta específica que se le imputa a Cerdán?”

   Aseguran sentirse atrapados en una pesquisa en la que no se detalla la supuesta conducta del exdirigente socialista, al mismo tiempo que critican que el magistrado lo cataloge como “un denominador común” en la indagación. Insisten en que “no se puede demorar la aclaración de la imputación de alguien que se encuentra en prisión”.

   La defensa alerta que, en lugar de liberar a Cerdán cuando se debilitan los argumentos para mantenerlo encarcelado, se mantiene en una especie de “hibernación procesal” hasta que la investigación avance.

   Asimismo, afirman que en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos, Cerdán “no figura en relación alguna con el patrimonio” del exresponsable de Transportes.

   Subrayan que, de acuerdo al informe del 3 de octubre, "no se puede corroborar que hubieran existido pagos entre Cerdán y Ábalos", desmintiendo así las suposiciones y acusaciones previas. “Los datos recogidos por la UCO no respaldan las alegaciones de la acusación. A pesar de esto, Cerdán permanece encarcelado”, añaden.

LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA VIOLADA

   Los abogados subrayan que la inmunidad parlamentaria de Cerdán ha sido claramente vulnerada en este proceso y argumentan que esta violación es la base de la imputación que lo llevó a la prisión. Defienden que la detención provisional de Cerdán es resultado de la infracción de su derecho a participar en la actividad política como diputado.

   “No se puede considerar legítimo que, a pesar de no estar formalmente investigado, la Policía Judicial trabaje durante meses en una indagación contra él y que elaboren un informe de 490 páginas”, hacen hincapié, refiriéndose al documento de la UCO que coloca a Cerdán en el centro de la supuesta trama de comisiones por adjudicaciones públicas.

   En su recurso, la defensa también denuncia que el portavoz del PP, Miguel Tellado, “podría tener acceso a los informes de la UCO antes de que estos sean presentados ante el Tribunal Supremo”.

   También critican las grabaciones chismeadas por el asesor del ministerio Koldo García que están bajo control de la Guardia Civil y que sirvieron de base para el informe de junio.