En la jornada del 13 de noviembre, la ciudad de Pamplona ha sido testigo de una fuerte crítica hacia la política del Gobierno de Navarra por parte del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Este colectivo ha denunciado lo que consideran una "deriva" en áreas tan cruciales como sanidad, educación y función pública, a la que acusan de estar facilitando la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos esenciales.

Durante una rueda de prensa, el secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, estuvo acompañado por varios líderes sindicales, entre ellos David Marcalain, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía; Victoria Astrain, de la Federación de Sanidad; y Unai Álava, de la Federación de Enseñanza. Juntos, expresaron su preocupación por el rumbo que está tomando el Gobierno foral.

Rodríguez señaló que, en lugar de abordar las desigualdades que afectan a los grupos más vulnerables, el actual gobierno está empeorando las condiciones laborales del personal público y ignorando la negociación colectiva. "Están abriendo la puerta a privatizaciones y externalizaciones que, en última instancia, amenazan con desmantelar nuestros servicios públicos", advirtió. Además, hizo un llamado urgente a replantear este enfoque para asegurar los fundamentos del Estado del Bienestar, así como la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de quienes los administran.

David Marcaláin también se hizo eco de estas preocupaciones, haciendo hincapié en las deficiencias en la negociación colectiva tanto en el Estatuto de Personal como en diversas reformas normativas. Según sus palabras, hay una "escenificación de negociación" que no refleja una realidad efectiva, ya que, de acuerdo con el anteproyecto de presupuestos, los acuerdos con los sindicatos deben recibir el "beneplácito" de EH Bildu. También destacó que los grupos de trabajo han sido "paralizados" porque el gobierno regional rompió la confidencialidad al hacer públicas las propuestas y, además, no existe una dotación presupuestaria adecuada para respaldar estas acciones.

Marcaláin continuó su exposición señalando que "los colectivos más desfavorecidos están una vez más relegados". Criticó que, en el sector de los cuidados, los avances hacia la construcción de un sistema público son inexistentes y la subcontratación de los trabajos más precarios se está consolidando, lo que perpetúa y agrava las desigualdades. "El Gobierno se había comprometido a aumentar su implicación en la negociación de convenios colectivos, pero esto todavía no se ha reflejado en la creación de empleos de calidad ni en la exigencia a las empresas licitadoras de proporcionar condiciones mejoradas", remarcó.

Victoria Astrain, por su parte, hizo hincapié en que la propuesta de Ley Foral de Salud indica que el Servicio Navarro de Salud no debería ser gestionado por personal funcionario, lo que, según ella, justifica la necesidad de innovar en la gestión del personal. "Esto abre la puerta a precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, bajo el pretexto de una flexibilidad que en realidad eliminará derechos laborales", advirtió, enfatizando que esta situación puede agravar las desigualdades ya existentes.

Astrain también anunció la intención del sindicato de judicializar la cuestión relativa a la carrera profesional, indicando que se ha excluido a personal no sanitario que tiene derecho a este reconocimiento. Además, se refirió a que la propuesta legislativa apunta a crear una entidad pública empresarial que sustituiría al organismo autónomo actual, lo cual podría acercar el sistema de salud navarro a modelos de privatización y externalización, una situación que considera "alarmante" y contraria a un proyecto verdaderamente progresista.

El representante de la Federación de Enseñanza de CCOO, Unai Álava, criticó la falta de respuesta a las huelgas anteriores y sostuvo que las propuestas del consejero de educación, Gimeno, son "insuficientes" y no asignan los recursos necesarios para la educación pública. Destacó que las especialistas de apoyo educativo están "en pie de guerra" y que las profesionales de la educación infantil están descontentas debido a la implementación de proyectos piloto sin supervisión ni evaluación adecuada.

En conclusión, CCOO ha exigido la retirada de la disposición adicional primera del anteproyecto de Ley Foral de Salud y cualquier medida que implique externalizaciones. Además, piden un compromiso firme para respetar todos los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación, priorizando la negociación colectiva auténtica con respaldo presupuestario. Por último, han hecho hincapié en la necesidad de reforzar los servicios públicos, alejándose de enfoques neoliberales que socavan tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.