PAMPLONA, 15 de octubre. En el segundo trimestre de este año, Navarra ha experimentado una notable disminución en las reclamaciones de deuda, un 50,5% menos que en el mismo periodo de 2024, según el último informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre el impacto de la crisis en el sistema judicial.

Durante este periodo, se registraron 1.223 procedimientos monitorios, los cuales son utilizados para exigir el pago de deudas monetarias exigibles, en comparación con los 2.471 del año anterior en el mismo trimestre.

En cuanto a los concursos de acreedores, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha señalado que el número de concursos presentados por personas físicas no empresarias alcanzó los 137, lo que representa un aumento del 22,3% en relación al mismo trimestre del año pasado, donde se registraron 112.

No obstante, la situación es diferente para las personas jurídicas, ya que los concursos correspondientes a empresas cayeron un 23,1%, con 10 en este trimestre frente a los 13 del año anterior. Asimismo, los concursos de empresarios se redujeron en un 12,5%, contabilizando 7 en vez de 8.

En resumen, el total de concursos ha visto un incremento del 15,8%, con 154 registros entre abril y junio de este año en comparación con 133 en el mismo periodo de 2024.

En lo que respecta a la jurisdicción civil, Navarra registró 54 lanzamientos en el segundo trimestre, lo que representa un incremento del 63,6% respecto al mismo periodo del año anterior, donde se llevaron a cabo 33.

Además, se iniciaron 6 procedimientos por ejecuciones hipotecarias, lo que supone tres más que en el mismo trimestre de 2024.

Por otro lado, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debido al impago del alquiler aumentaron un 60%, al contabilizar 48 frente a los 30 del segundo trimestre del año pasado.

En el ámbito social, las demandas por despido han disminuido un 22,3% en el segundo trimestre, con 299 casos en comparación con los 385 del año anterior.

Asimismo, los juzgados de lo Social recibieron 318 reclamaciones de cantidad, 72 menos que en el mismo trimestre de 2024, lo que se traduce en una reducción del 18,5%.

La reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, específicamente la Ley 5/2018, ha introducido cambios significativos en torno a la ocupación ilegal de viviendas, afectando al artículo correspondiente de la ley.

Desde el tercer trimestre de 2018, se han recopilado estadísticas sobre juicios verbales posesorios por ocupaciones ilegales cuando los propietarios son personas físicas, organizaciones sin fines de lucro o entidades públicas propietarias de vivienda social.

En Navarra, durante el segundo trimestre de 2025, no se ha registrado ninguna demanda por ocupación ilegal (una el año anterior), se ha resuelto una (seis hace un año) y no hay procedimientos pendientes, igual que el año pasado.