La Fiscalía ha posicionado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, como líder de una supuesta organización criminal, tal como se documenta en la audiencia donde se solicitó su encarcelamiento preventivo. Este argumento ha generado un creciente debate en el ámbito judicial y político.

La Fiscalía Anticorrupción presentó su oposición a la solicitud de Cerdán para obtener libertad provisional, alegando que aún existe un considerable riesgo de que probables evidencias sean eliminadas o modificadas. Esta información ha sido confirmada por fuentes dentro de la propia Fiscalía, según ha reportado Europa Press.

En su escrito, el Ministerio Público refutó los argumentos de defensa del exdirigente socialista, subrayando que su liberación podría dar pie a la alteración de pruebas cruciales. Cerdán enfrenta serias acusaciones que incluyen organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, lo que complica aún más su situación.

El fiscal Alejandro Luzón, encargado del caso, solicitó el 30 de junio que Cerdán fuera encarcelado sin posibilidad de fianza, señalando que él sería el líder de esta organizativa criminal. Abogados consultados por Europa Press revelaron que, durante la audiencia en el Tribunal Supremo, se expresó preocupación por la posibilidad de fuga y la destrucción de pruebas.

Es importante destacar que la estrategia de Anticorrupción ha sido más contundente en este caso que en situaciones similares que involucraron a figuras como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Koldo García, exasesor ministerial, para quienes solo se solicitaron medidas menos severas, como la prohibición de salir del país.

El fiscal enfatizó que las evidencias que sustentan la imputación de Cerdán son de naturaleza clara y explícita, desestimando de forma contundente las insinuaciones del exsocialista sobre una supuesta persecución política en su contra.

Durante la comparecencia, que se extendió por aproximadamente una hora y media, Cerdán se limitó a responder las preguntas de su defensa, evitando la interacción con el juez y el fiscal. Aludió a su inocencia en relación con las acusaciones de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones.

El 3 de julio, la defensa de Cerdán solicitó su liberación inmediata, alegando que carece de pruebas suficientes en su contra y denunciando la existencia de una supuesta "causa general" que lo persigue. El juez del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, consideró que Cerdán debía permanecer en prisión provisional, dado su rol como presunto líder de una red dedicada al cobro de comisiones en obras públicas.

En el recurso presentado, al que tuvo acceso nuestra redacción, la defensa argumentó que la decisión de encarcelamiento se había tomado sin suficientes indicios de criminalidad y contraviniendo así el principio de presunción de inocencia. Acusaron a los magistrados de una postura "inquisitiva" que no brinda signos de imparcialidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares en el 'caso Koldo', también se opuso al recurso de Cerdán, calificando de "inasumibles" sus alegaciones de ser víctima de una causa general y aclarando que el asunto se centra en un caso de corrupción profundamente arraigado.