En un desarrollo reciente en la tragedia ocurrida en Zizur Mayor, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decidido imponer prisión domiciliaria para un hombre de 80 años, quien es sospechoso de haber asesinado a su esposa el 29 de julio. Esta medida es acompañada de una fianza de 6.000 euros, lo que permite al acusado evitar el encierro en una cárcel convencional.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha comunicado que el acusado fue liberado el mismo día en que se dictó la orden, luego de que su defensa hiciera efectiva la fianza correspondiente. Esta decisión ha levantado polémica y plantea preguntas sobre la protección de las víctimas y la justicia en estos casos de violencia de género.

La decisión de la magistrada se basa en que la prisión bajo fianza fue solicitada por la fiscalía, que es la única parte acusadora en este proceso. En la resolución, se señala que la ley permite imponer esta medida solo cuando alguna de las partes así lo pide, y ineludiblemente la decisión debe ser tomada en consideración.

En la misma resolución, la jueza menciona la gravedad del caso, subrayando que la víctima, de 78 años, sufrió "dos traumatismos en la cabeza mientras dormía, con eventual sujeción", lo que sugiere una brutalidad alarmante en el crimen. La causa es considerada un presunto delito de asesinato, con la agravante de alevosía, lo que añade un nivel de gravedad a las acusaciones.

En el proceso judicial, el tribunal está a la espera de un informe pericial que evaluará la capacidad del investigado tanto al momento de los hechos como en el presente, lo que podría cambiar el rumbo del caso. Este informe es crucial para determinar la responsabilidad del acusado en el trágico evento.

Cabe mencionar que, tras un recurso presentado por la defensa a mediados de agosto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió permitir al imputado cumplir su pena en prisión domiciliaria, habiéndolo mantenido previamente en arresto desde el 30 de julio. Con la decisión actual, el juez le ha impuesto varias condiciones, incluyendo la obligación de presentarse en el juzgado el primer día de cada mes y la prohibición de salir del país, lo que exigirá que entregue su pasaporte.