La presunta estafa de inversión en cannabis de la empresa neerlandesa Juicy Fields ha atrapado a más de 40.000 españoles y ha generado alrededor de 1.700 querellados hasta la fecha. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella y se han presentado más de 1.000 afectados a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD con una demanda colectiva. El juez Manuel García-Castellón ha incluido en esta causa a 117 inversores que denunciaron en comisaría, cuyos nombres han sido aportados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
Los bufetes de abogados representantes de los afectados se reunirán próximamente para trazar una estrategia común y ofrecer sus servicios a los 117 afectados que no cuenten aún con representación legal. El juez sospecha que la presunta estafa puede ascender a varios millones de euros dada la cantidad de perjudicados y ha abierto diferentes diligencias para identificar a los presuntos responsables, averiguar la trazabilidad del dinero invertido y su destino, la titularidad de las cuentas y requerir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que informe sobre el “conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields”.
Juicy Fields ofrecía invertir en la plantación, cultivo y recolección de marihuana para venderla posteriormente como CBD, es decir, como uso terapéutico. Una vez cosechada la plantación en la que se había invertido, la empresa devolvía los fondos más un beneficio adicional de entre el 29% y el 66%, según cómo hubiese ido la cosecha. La presunta estafa se basa en el esquema Ponzi, que consiste en atraer inversores o clientes y pagarles sus rendimientos con los fondos obtenidos de nuevos ahorradores. Se podía invertir hasta 180.000 euros a través de una transferencia de dinero fiat o con criptomonedas. La empresa no tenía el visto bueno del supervisor del mercado español para operar, pero sí contaba con oficinas en España. La empresa se evaporó el 13 de julio.